La privatización de la escuela pública, no se trata de su desincorporación del Estado

La privatización de la escuela pública, no se trata de su desincorporación del Estado, sino de una profunda transformación que se pretende imponer a su modelo de gestión, organización y en sus esquemas.

César Navarro explica que en el trasfondo de la reforma educativa aparecen dos de los elementos discursivos de los pasados sexenios: calidad y evaluación, en cuyo nombre se plantea, en los hechos, la desaparición de un magisterio al que se desprecia, y al mismo tiempo se le tiene temor, pues durante décadas ha sido garante de la defensa de la educación pública.

La privatización de la escuela pública, no se trata de su desincorporación del Estado, sino de una profunda transformación que se pretende imponer a su modelo de gestión, organización y en sus esquemas.

Con esas modificaciones se privilegia una visión mercantil de la educación, así como del tipo de maestro que se busca llevar a las aulas, con una formación, selección y permanencia en el servicio docente acorde a los intereses empresariales.

Con la reforma peñista el Estado mantendrá la propiedad formal de la escuela pública, pero en su contenido y objetivos habrá un cambio radical.

Dicha reforma es un despojo y un castigo para el magisterio mexicano. El objetivo es culminar con un proceso gradual, pero sistemático, que se ha ido imponiendo, a fin de controlar el desempeño docente e inducir cada vez más a un proceso de homogenización, de mecanización del trabajo educativo, pues a través de mecanismos evaluatorios se ha cercenado la iniciativa pedagógica y la capacidad creativa de los docentes en el aula.

Es una reforma que tiene como uno de sus primeros objetivos generar una inmovilidad jurídica y política del magisterio y de la sociedad mexicana, se convierte en un instrumento jurídico para despojar al magisterio de sus derechos laborales, pero también agrede a la escuela pública.

Entre los efectos más lesivos de la normatividad –que establece, entre otros puntos, nuevos mecanismos de ingreso, selección, permanencia y promoción de los profesores en servicio, así como favorecer la llamada autonomía escolar, con la que padres de familia y cuerpo directivo deberán buscar recursos económicos para la escuela– está la creación de un servicio profesional docente, con lo que se legaliza la exclusión de miles de maestros formados en las escuelas normales públicas.

No es fortuito que una regulación de orden administrativo laboral, que debería incluirse en una legislación secundaria, se aprobara como reforma constitucional, lo que la hace inatacable. De ahí que a las movilizaciones magisteriales se les haya condenado desde un primer momento. Convirtieron la Constitución en un instrumento jurídico de castigo y represión.

Y aunque el magisterio disidente ha presentado opciones mediante proyectos educativos para que sean analizados por el Estado, la respuesta ha sido el engaño, la descalificación y el rechazo a cualquier propuesta que venga de los maestros orillándoseles a la movilización como única vía de protesta.

No se trata sólo de la pérdida de derechos laborales  sino la pérdida directa del empleo. Está en riesgo su propia participación como garante de la escuela pública.

“Este escenario obliga a resistir y plantear un modelo alternativo que rescate la escuela pública.

Es  innegable que el modelo privatizador de la escuela mexicana ha ido avanzando, y estamos ante el riesgo de perder el sentido colectivo y libertario de la educación.

Con información de Laura Poy Solano. “Peligra la escuela pública, alerta el investigador César Navarro” en La Jornada. 7 de abril de 2013, p. 11