Traición y venganza
Jesusa
Cervantes 2013-08-24
La indignación por el
“engaño y la traición” de la que fue objeto el magisterio disidente al no ser incluidas sus
propuestas en las leyes secundarias de la reforma educativa de Enrique Peña
Nieto se
convirtió en venganza que desplazó al Poder Legislativo, sujetó al
Judicial y atenazó el aeropuerto más importante del país. La administración federal había prometido que
haría caso a los maestros a la hora de definir dicha legislación. Pero no
cumplió. He aquí la historia de una trama de negociaciones y el
albazo final en la Cámara de Diputados que desató la ira magisterial.
Una
fallida maniobra de los alfiles presidenciales desestabilizó a los tres poderes
de la Unión.
Miguel
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Luis Miranda Nava, subsecretario
de la misma dependencia, y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia intentaron
controlar al magisterio utilizando el Pacto por México. Fallaron: Los legisladores federales
tuvieron que salirse de sus recintos, edificios del Poder Judicial fueron
cercados, los
profesores impusieron qué leyes se analizaban y paralizaron zonas
enteras de la capital del país, incluyendo los accesos al Aeropuerto.
Después
de nueve horas de bloqueo en torno al aeropuerto, el gobierno federal cedió
ante los maestros. En una negociación de cuatro horas con el secretario de
Gobernación, los líderes seccionales de la Coordinadora (CNTE) aceptaron
replegarse a su campamento en el Zócalo, liberando San Lázaro y el Senado
de la República con el compromiso de iniciar negociaciones con los
legisladores, el próximo lunes.
En un intento por
desinflar el movimiento contra la reforma educativa que encabeza la CNTE –y luego de las tomas de
carreteras que los profesores realizaron en Guerrero–, el pasado 14 de mayo Enrique Peña Nieto encomendó a Miranda Nava,
Osorio Chong y Nuño realizar una serie de ofrecimientos a los profesores,
abriéndoles las puertas del Pacto por México.
De
acuerdo con personas cercanas a la negociación, Miranda Nava prometió a la
disidencia magisterial el financiamiento para que realizara nueve foros sobre
la reforma. El acuerdo era que las propuestas emanadas de esos encuentros se
incorporarían a la iniciativa federal, que buscaba reformar las tres leyes
reglamentarias del artículo tercero constitucional.
Las leyes
a modificar serían la General de Educación, la del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa y la General del Servicio Profesional Docente.
Por su
parte, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz; el del PAN,
Gustavo Madero, y el del PRD, Jesús Zambrano (todos integrantes del Pacto por
México), ofrecieron apertura para recibir y “posiblemente” incluir las
propuestas de los docentes en las citadas leyes, según contaron
legisladores federales.
Pero el
gobierno y los partidos políticos los engañaron.
La del
gobierno
La CNTE
sí recibió el financiamiento para sus foros, que se realizaron del 31 de mayo
al 12 de julio. En esos días, sin embargo, Emilio Chuayffet Chemor, titular de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), y César Becker, el director jurídico
de la SEP, ya confeccionaban las leyes secundarias que serían entregadas al
Congreso de la Unión, aun sin tener las propuestas de los profesores.
El 14 de
agosto, Peña Nieto envió las tres leyes a la Comisión Permanente, instancia del
Poder Legislativo que opera en los periodos de receso. Al hacerlo, dio materia
a diputados y senadores para convocar a un periodo extraordinario de sesiones,
del 21 al 23 del mismo mes. El día 16 se publicó en la Gaceta Parlamentaria que
la Comisión de Educación llama a sesionar la noche del lunes 19.
A partir
de este momento los maestros de la CNTE (que estaban concentrados en el Zócalo)
comenzaron a trasladarse a las afueras de San Lázaro.
El día
que sesionó la Comisión, el PRI presentó sus tres dictámenes, apoyado por PAN,
PVEM y Panal. No obstante, esto contravenía un acuerdo hecho con los
perredistas, con quienes había pactado discutir uno solo, relata el diputado
Roberto López.
Ante
esto, el presidente de la Comisión legislativa, el perredista Jorge de la Vega
Membrillo, abandonó la sesión. Indignados, los perredistas se le sumaron.
La
actuación del PRI fue rápidamente conocida por los maestros, que la calificaron
de “albazo”. Enardecidos y sintiéndose traicionados al saber que sus propuestas
no aparecían en los documentos, se lanzaron contra el cerco de 70 miembros de
la Dirección de Resguardo de la Cámara de Diputados y 35 policías federales.
Maestros
y policías se enzarzaron en una pelea que acabó con 20 agentes federales
heridos y 20 autos dañados –a uno le intentaron prender fuego–. Desde ese momento
la CNTE aumentó su presencia en San Lázaro para impedir la instalación del
periodo extraordinario.
La de
“Los Chuchos”
El
diputado perredista Roberto López recuerda que el martes 20, a la reunión de su
grupo parlamentario, los 103 diputados llegaron con la idea de prepararse para
el debate de la reforma en materia de acceso a la información. “Pero de pronto
Silvano (Aureoles, coordinador perredista) nos plantea que hay que discutir las
tres leyes de la educativa”.
El
senador Alejandro Encinas rememora también que, en reunión con senadores, el
propio Osorio Chong aseguró que todos los partidos habían avalado las tres
leyes en materia educativa, incluyendo a los perredistas.
La noche
del martes 20 y luego del enfrentamiento entre maestros y policías en San
Lázaro, la Comisión Política Nacional Única de la CNTE se reunió con varios
diputados perredistas en un hotel frente a la Alameda, incluyendo a Aureoles y
a Roberto López. “Les preguntamos cuál ley afecta más como para sacarla de la
agenda y nos dijeron que la del Servicio Profesional Docente; Aureoles lo
consulta con coordinadores y dicen que lo ven bien”, dice López.
El
diputado recuerda que, inicialmente, el PAN insistió en mantener las tres
normas y el PRI estaba dividido.
Otra
fuente de la Cámara de Diputados detalla que no sólo el presidente de la
Comisión “se asustó” por las tres leyes elaboradas en la oficina de Emilio
Chuayffet, “sino también Los Chuchos (como se conoce a la corriente política
del PRD llamada Nueva Izquierda). Se asustaron y pidieron un encuentro con la
gente del Pacto por México. Lo que ellos habían avalado ahora lo querían bajar
por miedo”.
“El
martes, Miguel Alonso Raya (diputado perredista) y Jesús Zambrano (líder del
PRD y fundador de Los Chuchos) van a Los Pinos y ahí se echan para atrás en lo
avalado por el Pacto por México. Piden que se baje de la discusión la Ley
General del Servicio Profesional Docente. Presidencia accede”, dice la fuente.
En ese momento ya había más de 10 mil maestros en el Zócalo.
Sin
embargo, la información hacia los órganos de dirección de la Cámara fluye de
manera contradictoria. De acuerdo con diputados, Emilio Chuayffet presiona para
que se mantengan los tres dictámenes y en Los Pinos se pide valorar el impacto.
Esto provocó que en la Gaceta Parlamentaria del 21 de agosto, día en que se
inició el periodo extraordinario, todavía aparecieran las tres.
El
sentimiento de traición se intensificaba entre los miembros de la CNTE. A las 4
de la mañana de ese día ya habían tomado el control de todos los accesos a San
Lázaro y de las instalaciones del Poder Judicial que están al lado. También
bloquearon la entrada de emergencia que los diputados han usado en otros
momentos de tensión. Esa entrada es la oficina del agrupamiento de granaderos
que colinda con la Cámara.
Negociación
fallida
Silvano
Aureoles estaba presionado por su correligionarios, por la desesperación de Los
Chuchos –que pese a que habían logrado que se bajara el dictamen éste seguía
apareciendo en la Gaceta– y por la ira de los maestros. Personas que conocieron
de la re unión afirmaron que en este contexto negoció un encuentro con Manlio
Fabio Beltrones, coordinador de los diputados de PRI; Luis Alberto Villarreal,
del PAN, y los líderes de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez; de la 18 de
Michoacán, Juan José Ortega, y la 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo. Se
reunieron en un hotel cercano a San Lázaro.
Priistas
y panistas exigían a los maestros desbloquear la Cámara. Los maestros exigían
uno o dos días para pensarlo. Los diputados reviraron: “¡No, aquí es un tiempo
fatal, ya estamos convocados al periodo extraordinario y se tiene que decidir
hoy”, reconstruye una de las fuentes consultadas.
Los
profesores pidieron tres horas para analizar la situación. Al cumplirse, exigieron
que se bajaran las tres leyes para liberar los accesos. Los congresistas sólo
estaban dispuestos a retirar la Ley General del Servicio Profesional Docente.
En este contexto se estanca el diálogo. A las 4:30 de la tarde, justo cuando
venció el plazo, los priistas organizaron la instalación de una sede alterna en
el Centro Banamex. La ubicación de ese lugar, frente al Campo Militar Número 1
y alejado de las sedes legislativas oficiales, lo hizo el recinto perfecto.
Tensión
El Poder
Legislativo sesionaba de forma obligada fuera de sus sedes oficiales, y el
flujo de maestros seguía aumentando. Llegaban de Michoacán, de Guerrero, de
Oaxaca.
Así, a
las siete de la tarde del 21 de agosto, el Congreso de la Unión se atrincheró
en su nuevo recinto, el Centro Banamex. Ahí, diputados y senadores trabajaron
custodiados por 600 policías federales. Estaban “en la clandestinidad y a salto
de mata”, acusó el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal.
Como en
los momentos más tensos de la toma de carreteras en Guerrero, en febrero
pasado, la protección de los legisladores estuvo a cargo del comandante
“Espartaco”, quien se coordinó con el comandante de la Dirección General de
Operaciones de la Policía Federal Ministerial de la PGR, Carlos Gómez Arrieta.
Gómez Arrieta
estuvo a cargo de la Dirección de Resguardo de la Cámara de Diputados durante
15 años. De hecho, el operativo que montó el 1 de diciembre dentro de San
Lázaro para la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, le valió
que el procurador Jesús Murillo Karam se lo llevara a la PGR y que desde esa
posición lo enviara a proteger a diputados y senadores.
Entre la
noche del 21 y madrugada del 22 de agosto los legisladores aprobaron la Ley
General de Educación y la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.
La Ley General del Servicio Profesional Docente se dejaría para otro momento.
A las 20
horas del 22 de agosto –cuando estaba por clausurarse el periodo
extraordinario– llegaron al Campo Militar Número 1 los operadores del gobierno
federal Miranda Nava y Osorio Chong. Iban a reunirse de manera urgente con
Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de diputados priistas y Emilio
Gamboa Patrón, coordinador de los senadores.
Ahí,
afirman las fuentes consultadas, les exigieron incluir de nueva cuenta la
controvertida ley. Sin embargo, los priistas sostuvieron que no existían las
condiciones políticas para hacerlo. Además, desde las nueve de la mañana del 21
de agosto ese debate se había “bajado del orden del día” publicado en la
Gaceta.
A eso se
sumaba el hecho de que los maestros amenazaban con tomar el AICM. Miranda y
Osorio llamaron a los legisladores a que entonces convocaran a otro periodo
extraordinario, la semana entrante. Dijeron convencidos: “Los maestros van a
liberar San Lázaro, de eso no hay duda”.
En tanto,
desde Los Pinos se exigió al titular de la Secretaría de Educación Pública que
hiciera nuevos amarres para desatorar la Ley General del Servicio Profesional
Docente. Por ello, Emilio Chuayffet convocó la mañana del viernes 23 al líder
del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan
Díaz de la Torre, para que manifestara su respaldo al gobierno.
A la
misma hora, Enrique Peña Nieto hacía público su beneplácito por las dos leyes
aprobadas, pero convocaba: “Hago votos para que en breve sea aprobada la Ley
General del Servicio Profesional Docente”.
La
declaración de Peña Nieto y la negociación de Chuayffet provocaron que la CNTE
cumpliera su amenaza de movilizar a miles de maestros y bloquear las vialidades
de acceso al AICM el mediodía del viernes 23.
Después
de nueve horas de bloqueo, el gobierno volvió a ceder y prometió a la CNTE un
nuevo puente de diálogo. En un documento firmado por Osorio Chong el viernes
por la noche, el gobierno federal nuevamente se comprometió a que, para
mantener la gobernabilidad y dar atención a todas las voces de inconformidad
que generan las leyes en materia educativa, se atenderá a los maestros e
incluso se compromete a garantizar la libertad de sus voceros.
En el
acuerdo, los maestros aceptaron manifestarse de manera pacífica, sin alterar
los derechos de terceros.
Osorio
Chong se comprometió además a tomar en cuenta los planteamientos de los
maestros, incluyendo el respeto a sus derechos laborales.
Los
maestros esperan el encuentro de este lunes 26 con Chuayffet, para tener la
garantía de que no se convocará a un nuevo periodo.
El
senador perredista Alejandro Encinas considera que la escalada de violencia,
descontrol en la ciudad y el hecho de que el Congreso haya sido obligado a
cambiar su sede se debe “a la incapacidad política del gobierno federal para
encarar los problemas. Eluden resolverlos apostándole al desgate de los
maestros, de quienes desdeñan su capacidad política, de organización y
movilización”.
Sostiene
que la falta de oficio político de quienes están en el gobierno, la mala
operación política de parte de Presidencia y la carencia de un liderazgo fuerte
dentro del PRI provocaron que el país se convierta en “un polvorín”.
Por otro
lado, dice, están las pretensiones de Beltrones, que busca ser el eje de la
negociación política; las de Luis Videgaray, que quiere congraciarse con Peña
Nieto, y las de Osorio Chong o Luis Miranda, que intentan quedar bien. A fin de
cuentas, afirma, caen en una falta de coordinación y resultan ineficaces.
“Ahora, un problema que fue originado por una imposición, por falta de
operación, se lo quieren atribuir al Gobierno de la Ciudad de México, alegando
que es él quien debe recuperar las instalaciones del Congreso de la Unión”.
